Qué está pasando con los desahucios en España y por qué el debate vuelve a estar sobre la mesa
La vivienda vuelve al centro del tablero político en un momento de cifras inquietantes y alianzas frágiles. Tras la caída del decreto ómnibus, el Gobierno propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables, una medida vigente desde 2020 para evitar que personas sin recursos pierdan su vivienda.
¿Cuál es la principal novedad? Que los pequeños tenedores, quienes poseen una o dos viviendas en alquiler, quedarían exentos de la obligación de aplicar esta moratoria. Eso significa que podrían desahuciar a inquilinos vulnerables en caso de impago, y serían los servicios sociales los encargados de buscar una alternativa habitacional.
Tres datos demoledores:
- En 2024 se practicaron 27.564 desahucios, un 3,4% más que el año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial.
- Casi tres de cada cuatro casos se deben a impagos del alquiler.
- Y más de tres de cada diez personas que viven de alquiler tienen ingresos tan bajos que se consideran en riesgo de pobreza.
¿Qué ocurre con la ocupación? En 2024 se registraron 16.426 casos, un 7,4% más que el año anterior.
- Los datos muestran una fuerte concentración territorial: Barcelona acumula un tercio de los hechos y Girona lidera la tasa por habitante.
©Foto: Gustavo Valiente (Europa Press)