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Tras una semana errática en la gestión de la catástrofe provocada por la dana, Pedro Sánchez decidió este martes —manteniendo el esquema de competencias sin tocar— visibilizar que está al frente de la crisis. Hizo recuento de lo realizado hasta ahora por el dispositivo de rescate. Lanzó el mensaje de que, mientras se sigue trabajando en las urgencias del presente, toca también afrontar el futuro inmediato. Y dio a conocer un primer paquete de ayudas dirigidas a los afectados por importe de 10.600 millones de euros, una de las mayores cifras jamás dedicadas a paliar las consecuencias de un desastre natural en España.
El plan —que se desarrollará en tres fases: medidas urgentes, reconstrucción de las zonas afectadas y adaptación del territorio a la emergencia climática— contiene todos los elementos de un programa anticrisis en caso de catástrofe. Hay ayudas fiscales destinadas a proteger rentas, un paquete laboral para preservar el tejido productivo y un estímulo keynesiano en forma de inversiones para la reconstrucción. El esquema combina el espíritu del plan que activaron Bruselas y Madrid por la pandemia —o crisis como Filomena o el volcán de La Palma— con medidas que se han tomado para afrontar las consecuencias de grandes cataclismos, como Katrina o Fukushima. El Ejecutivo, eso sí, debería acometer cuando esté más claro el impacto de la dana una ronda de ayudas específicas para los sectores más golpeados, desde la agricultura hasta la industria.
De momento, ese primer plan tendrá como destinatarios hogares, empresas y autónomos de 78 municipios, que tendrán acceso a subvenciones directas, prestaciones por incapacidad, moratorias y exenciones fiscales o hipotecarias. También a créditos o avales oficiales, a los que por vez primera podrán acceder los particulares. El Consejo de Ministros dio luz verde también a la declaración de zona catastrófica del territorio afectado en seis comunidades autónomas, lo que permitirá que el Ejecutivo asuma el 100% de los gastos de emergencia de los ayuntamientos. Igual que el escudo social arbitrado durante la pandemia alivió unas consecuencias que hubiesen sido mucho peores, este plan debe servir para garantizar la recuperación tanto para los afectados individualmente como para el conjunto de la economía valenciana.
Es de esperar que las ayudas se puedan tramitar a la mayor velocidad pero también con la mayor transparencia para que los damnificados empiecen a ver alguna luz al final de un túnel que en la primera semana ha sido demasiado confuso y descoordinado. La amplia extensión de territorio e infraestructuras destrozadas —40 kilómetros cuadrados y casi 550 kilómetros respectivamente solo en la comarca de Huerta Sur— y el número de afectados —más de 800.000— explican parte del caos en la respuesta, pero no lo explican todo. La primera lección que deja esta dana es la necesidad de la prevención y las alertas, que fallaron estrepitosamente. La segunda, la de engrasar —sin tacticismos— los mecanismos de respuesta inmediata en un país complejo territorialmente. Aceptar que España es un Estado autonómico significa asumir también la colaboración entre distintas Administraciones porque, efectivamente, todas ellas son Estado.
El Gobierno ya ha solicitado a Bruselas la activación del Fondo Europeo de Solidaridad, que permite a la UE ayudar a un miembro en caso de catástrofe natural grave, y destinar a los damnificados parte de los fondos de cohesión. El plan anunciado este martes por el presidente ya está aprobado y entra en vigor hoy. Todos los grupos menos Vox han anunciado su voto favorable cuando el real decreto ley se convalide en el Congreso. Los valencianos tienen que percibir cuanto antes que todo el Estado acude en su auxilio tras un golpe tan brutal como el que han recibido.
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