La justicia que enerva a África
La salida de Sudáfrica el 15 de junio del presidente sudanés, Omar al Bashir, demuestra al menos que teme a la justicia. Pese a la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, asistió a la cumbre de la Unión Africana en Johanesburgo. Aunque contaba con inmunidad diplomática, abandonó a toda prisa el país para no ser detenido por el Tribunal Supremo local. ¿Qué ha sucedido para que un miembro de la CPI, como Sudáfrica, ignorara su obligación de prender a presuntos criminales como Al Bashir? ¿Es cierto que la CPI tiene fijación con África? El tribunal, con sede en La Haya, sólo ha logrado condenar a dos detenidos en sus 13 años de vida.
Uganda:
Los acusados son Joseph Kony y sus correligionarios, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen. Sólo este último se encuentra en La Haya. Los demás permanecen huidos. Kony es el líder del Ejército de Resistencia del Señor y pesan sobre él 12 cargos de crímenes contra la humanidad y 21 cargos de crímenes de guerra. Los delitos oscilan entre el alistamiento de niños soldado y el asesinato, y desde el esclavismo sexual al pillaje. Otti afronta 11 y 21 cargos similares, respectivamente, y Odhiambo 2 y 8. En cuanto a Ongwen, responderá de 3 cargos de crímenes contra la humanidad y cuatro de crímenes de guerra.
República Democrática del Congo:
El principal acusado era Thomas Lubanga, un antiguo señor de la guerra, que reclutó niños soldado entre 2002 y 2003. Fue condenado en 2012 a 14 años de cárcel. Los menores fueron alistados con engaños, o bien raptados, para que pelearan en la región de Ituri. El choque entre las etnias hema (como Lubanga) y lendu causó al menos 60.000 muertos.
Germain Katanga, Bosco Ntaganda, Mathieu Ngudjolo Chui, Callixte Mbarushimana y Sylvestre Mudacumura (este último en rebeldía), exmilicianos congoleños, también han comparecido ante los jueces internacionales. Katanga fue condenado en 2014 a 12 años de prisión por planear en 2003 el asalto a la aldea de Bogoro, en Ituri, donde perecieron a machetazos más de 200 civiles, en su mayoría mujeres y niños. El juicio contra Ntaganda por haber incitado a la violencia étnica se ha retrasado hasta julio a petición de la defensa. Chui, acusado por la misma matanza de Bogoro, fue puesto en libertad en 2012.
Darfur (Sudán) y Kenia:
El caso de Darfur (región del noroeste de Sudán) fue cerrado el pasado año por falta de apoyo de la ONU. La CPI mantiene, no obstante, los cargos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad al actual presidente sudanés, Omar al Bashir.
El boicot de las autoridades kenianas, dominadas por el principal acusado de la violencia poselectoral desatada en 2007, el presidente Uhuru Keniatta, ha dificultado también las labores del CPI. Del bloqueo se han beneficiado a su vez William Samoei Ruto (vicepresidente de Kenia) y Joshua Arap Sang (jefe de operaciones de la emisora de radio KassFM, en Nairobi).
República Centroafricana:
Jean Pierre Bemba, antiguo vicepresidente congoleño y exlíder del Ejército de Liberación de Congo, se ha declarado inocente de las tropelías cometidas por sus tropas en la República Centroafricana. La fiscalía de acusa asimismo de utilizar la violación como arma de guerra. Detenido en Bélgica en 2009, la primera vista está prevista para el 29 de septiembre de 2015. Cuatro de sus coacusados, Aimé Killo Musamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido, han sido puestos en libertad condicional.
Libia:
El Consejo de Seguridad de la ONU remitió el caso a la CPI para que investigará al entonces presidente libio, Muamar Gadafi, su hijo Saif Gadafi al Islam y Abdulá Senusi, jefe de los servicios de espionaje. Los cargos eran crímenes contra la humanidad, en particular asesinato y persecución, cometidos hasta el 28 de febrero de 2011 por el Estado y sus fuerzas de seguridad. La muerte de Gadafi padre, cerró su parte del proceso. Senusi será juzgado por los tribunales libios. Saif al Islam permanece retenido en su país. La CPI mantiene los cargos, diferentes a los que esgrime Libia, país donde sigue vigente la pena de muerte.
Costa de Marfil:
Los acusados son Laurent Gbagbo, presidente del país entre 2000 y 2011, y Charles Blé Goudé, su ministro de Deportes y Juventud. Acusado de crímenes contra la humanidad, Gbagbo rechazó la victoria del ahora presidente costamarfileño, Alassane Ouattara, en las elecciones de 2010. Según la ONU, durante cuatro meses hubo al menos 3.000 muertos en el intento de recuperar el poder por la fuerza.
Los otros casos:
La fiscalía abrió en 2013 causa en Malí por posibles crímenes de guerra perpetrados desde 2012, después de que se lo pidiera el Gobierno maliense. Las pesquisas se centran en los asesinatos, mutilaciones, tortura, ejecuciones sin juicio previo, saqueo y violaciones, cometidos supuestamente en tres regiones al norte del país desde el golpe de Estado de 2012.
La fiscalía también lleva a cabo investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea del Sur y Nigeria. La CPI solo puede perseguir delitos cometidos a partir de 2002, fecha de su apertura. Es independiente, no forma parte de Naciones Unidas y sus gastos son abonados por los Estados miembros. También recibe donativos voluntarios de Gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos e instituciones privadas.
Entre los Estados no firmantes del Estatuto de Roma fundacional figuran Rusia, Estados Unidos, China, India o Israel. Ninguno quiere que sus políticos y militares puedan ser encausados.
Créditos:
- Contenido: Isabel Ferrer | La Haya, Óscar Gutierrez
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