En noviembre de 2011 la Fiscalía Anticorrupción registró la sede del Instituto Nóos, creado por Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón. Casi cuatro años después, con un proceso judicial abierto, el rey Felipe ha revocado el título de duquesa de Palma que ostentaba su hermana. Estos son los principales hitos de un asunto que ha provocado el alejamiento entre la Casa del Rey y la Infanta
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Asegura que defenderá su “honorabilidad e inocencia” en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos. Añade: “Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido”. Agrega que se defenderá “desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta”.
La Corona califica el comportamiento de Urdangarin de “no ejemplar”, aunque el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, señala que “se ha producido un juicio popular propio de Estados o regímenes de otros tiempos, en el que no se ha concedido la presunción de inocencia”.
“La justicia es igual para todos”. “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos”.
El magistrado José Castro cita a Urdangarin a declarar el 6 de febrero y advierte que le detendrá si no comparece sin causa justificada. El juez sospecha que él y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto, apoderándose de los mismos”.
El yerno del Rey reconoce en la segunda jornada de su declaración ante el juez que siguió haciendo negocios en 2008 —don Juan Carlos le había ordenado dos años antes que se apartara del Instituto Nóos—, aunque matiza que fueron actividades únicamente relacionadas con el ámbito privado, no con organismos públicos, y para cerrar un negocio que había abierto cuando presidía Nóos por un importe de 400.000 euros.
La Casa Real dice: “Es una visita familiar. Iñaki Urdangarin ha acompañado a su mujer a visitar a su padre al hospital. La última vez que operaron al Rey no pudieron venir porque estaban en EE UU. Ahora sí porque estaban en Barcelona. No hay nada más”.
La Casa Real elimina a Urdangarin de la web oficial suprimiendo la sección personal que tenía como esposo de la infanta Cristina en casareal.es. La decisión llega apenas dos días después de que su exsocio Diego Torres disparara directamente contra el asistente personal de las infantas, Carlos García Revenga, que fue tesorero del Instituto Nóos.
Debe acudir a declarar el 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos. El fiscal del caso, Pedro Horrach, anuncia que recurrirá la decisión del juez Castro porque, al contrario que el magistrado, cree que no hay indicios suficientes.
Esta fue una de las peticiones que había realizado Horrach en el texto que registró contra la imputación. En el recurso, de 20 folios, el fiscal Horrach asegura que no ve en los 41.000 folios de la causa "elemento ni indicio probatorio alguno" ni hechos que impliquen que Cristina de Borbón tuviera "un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido".
Deja en suspenso su imputación por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no existen indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales.
Castro da por concluida la instrucción sobre la economía particular de la Infanta y, de nuevo, abre la incógnita sobre su eventual imputación. El magistrado solo tiene dos salidas: archivar esas diligencias o dictar un nuevo auto para citarla a declarar.
El magistrado cita a la Infanta como imputada para interrogarla sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que "hubiera podido incurrir a raíz de su participación en la entidad Aizoon".
En su intervención ante el juez José Castro, que dura seis horas y media, Cristina de Borbón se escuda en la ignorancia y la desmemoria —usa evasivas más de 533 veces al responder a 400 preguntas— para declararse ajena a los negocios y actividades bajo sospecha de su marido. "Yo no he intervenido en nada", asegura.
El juez Castro decreta la apertura del juicio del caso Urdangarin y decide que la infanta Cristina debe sentarse en el banquillo de los acusados como presunta cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido. El magistrado le pide además 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria.
Felipe VI había reclamado a su hermana durante más de tres años que renunciara a sus derechos de su sucesión al trono. La medida se toma mediante la promulgación de un real decreto publicado de madrugada en la edición digital del Boletín Oficial del Estado.
